Los jueces Federico Fernández de la Cruz, presidente, Mildred Hernández Grullón y Rafael Ciprián, declararon regular y válida la acción incoada por la Fundación Justicia y Transparencia, en la cual intervinieron voluntariamente los partidos Dominicano por el Cambio y el Socialista Verde.
El amparo fue acogido en contra del Senado, la comisión senatorial especial para el estudio del proyecto de ley que convierte a Loma Miranda en área protegida, el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades, "tal y como ha sido juzgado, con carácter vinculante, por el Tribunal Constitucional".
Rechazó una petición de la Dirección General de Minería, quien solicitó declarar inadmisible el amparo argumentando que no implica violación actual de derecho fundamental, sino la perspectiva que tiene el accionante de que se le vulnere en el futuro.
También desestimó una petición de la Falconbrigde, quien actuó como interviniente forzoso en el proceso. El TC plantea que la necesaria protección del medio ambiente entraña tomar en cuenta los efectos devastadores que con frecuencia produce la explotación de los yacimientos mineros.
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