miércoles, 11 de junio de 2014

Presidente de JCE denuncia que autoridades haitianas han convertido en un negocio el proceso de regularización

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, denunció hoy que las autoridades haitianas han convertido en un negocio el proceso de regularización, a pesar de que deberían ser ellos los más interesados en que sus ciudadanos residentes en el país arreglen su situación. 
“Cuando van a las oficinas consulares de su país les cobran exorbitantes sumas de dinero para obtener los documentos necesarios para registrarse en República Dominicana”, aseguró.
Agregó que el proceso no será exitoso si Haití no ayuda a sus ciudadanos a documentarse, porque para regularizar a un extranjero debe tener por lo menos una identificación, ya que se podría estar registrando identidades que pudieran ser suplantadas o creadas, diferentes a las que tienen en el estado de origen.
Asimismo, dijo que el país ha recibido mucha presión por parte de la comunidad internacional para la solución de este problema, pero que no ha recibido mucha colaboración para la realización del proceso.
“República Dominicana ha recibido mucha solidaridad y expresiones morales, pero poca expresiones materiales de apoyo”, indicó.
Rosario destacó que los procesos de regularización en otros países han recibido por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de otras organizaciones internacionales recursos vastos para ayudar, pero que “en el país nadie da un centavo para ayudar a que República Dominicana regularice a los extranjeros residentes”.
Aseguró que ningún país en el mundo ha ofrecido tantas facilidades como República Dominicana para el registro de los extranjeros irregulares.
“No hay un solo plan en el mundo gratis, el más barato de todos fue Bolivia y pagaba 200 dólares para regularizar a los extranjeros, todos los planes de regularización tienen un costo regularizarse”, señaló. 
También indicó que en Estados Unidos cuesta miles de dólares a cada persona que se quiera regularizar, además de la necesidad de contratación de abogados y una serie de intermediarios.

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