Las gestiones que cumplieron por dos días los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico para tratar de desbloquear los diálogos en Venezuela no lograron mayores resultados y el proceso aunque no está cerrado por completo sus posibilidades de supervivencia son muy limitadas, según estimaron analistas consultados por la AP.
"No hay hechos nuevos que nos permitan cambiar de posición como desearíamos", dijo Aveledo en conferencia de prensa al descartar que la alianza opositora vaya a reanudar los diálogos con el gobierno, pero indicó que mantendrán abierta esa ventana porque es "parte del debate y de la lucha".
"Insistimos en esperar que el gobierno se pronuncie, que el gobierno dé muestras, que el gobierno en los hechos muestre su disposición para que esa ventana no se cierre, para que ese camino no se rompa, no se destruya, no se bloquee", expresó el secretario ejecutivo de Mesa de la Unidad Democrática.
Los cancilleres María Ángela Holguín, de Colombia; Luiz Alberto Figueiredo, de Brasil; Ricardo Patiño, de Ecuador, y el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, finalizaron la noche del lunes dos días de gestiones para intentar reactivar el proceso de conversaciones suspendido desde hace dos semanas.
Los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico manifestaron, en un comunicado difundido el martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, su voluntad de ayudar a continuar un diálogo que permita "un avance en la búsqueda de soluciones" a los problemas de Venezuela y urgieron a las partes a "reflexionar" y definir un nuevo encuentro a la brevedad.
El exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la estatal Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca, afirmó que la congelación de los diálogos no tendrá mayores repercusiones, pero sostuvo que esa situación revela que en Venezuela el diálogo es "un espacio que está perdido, y que se intenta retoñar, pero ya tú ves que no hay agua suficiente para regarlo, y se seca, se muere de mengua".
Salamanca dijo a la AP, en entrevista telefónica, que el gobierno de Maduro "no gana nada" con la suspensión del proceso, pero si pierde una "muleta" que había logrado en medio de la compleja situación que enfrenta por la acumulación de problemas económicos, sociales y políticos.
El analista señaló que la coalición opositora no saldrá perjudicada con la suspensión del proceso porque "se reencuentra con su propio campo" y los sectores más radicales que se mantienen en protesta contra el gobierno de Maduro.
La coalición opositora, que agrupa a cerca de una docena de partidos y organizaciones, decidió a comienzos de la semana pasada suspender los diálogos en rechazo a la represión de las marchas de los universitarios.
La oposición ha supeditado el reinicio de los diálogos a una serie de condiciones que incluyen la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los "presos políticos", el "desarme" de los grupos paramilitares pro oficialistas , y la excarcelación de los estudiantes detenidos por manifestar en los últimos meses y del exjefe policial Iván Simonovis, que fue condenado en el 2009 a 30 años de prisión por complicidad en las muertes de manifestantes oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002.
Simonovis padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.
El presidente Nicolás Maduro defendió la noche del lunes el proceso de diálogo y afirmó que hay una iniciativa para que las conversaciones no avancen. "Aquí no se está negociando nada", y llamó a la oposición a que no le haga "heridas" al proceso.
El diálogo es una iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas para ayudar a poner fin a la crisis que enfrenta Venezuela que desde febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar contra la elevada inflación -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia. Los incidentes han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
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