SD. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) graves distorsiones en el funcionamiento interno de la Jurisdicción Inmobiliaria, situación que, advierte, expone al sistema a que en menos de dos años colapse.
Alertó que hay un aumento desbordado de los expedientes, dilación en los registros de títulos, mora judicial, falta de coordinación interinstitucional y carencia de recursos, "factores que por su carácter complejo tienen una amplia gama de efectos negativos".
En un informe entregado al presidente de la SCJ, Mariano Germán, la Finjus dice que la grave crisis que afecta a ese importante eje de la seguridad jurídica y la economía nacional, es debido al estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgación de la Ley 108 del 2005 de Registro Inmobiliario.
"A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria".
La Finjus sostiene que si bien es cierto que el proceso de reforma alcanzó avances visibles, no menos es la existencia de distorsiones que ameritan la intervención del Poder Judicial.
Citó entre ellas, la larga duración de los procesos de deslinde, el traslado o sustitución injustificadas de técnicos especializados, debilidades en el sistema de estadísticas, vacíos legales y técnicos en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), y la falta de aplicación del diagnóstico catastral descrito en el Reglamento General de Mesuras Catastrales.
Aduce que el Reglamento de Mensuras Catastrales no se revisa desde el 2009.
Además, Finjus señala la falta de unificación de criterios entre los actores del sistema para el posesionamiento de las parcelas, dificultades en la implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral, así como la necesidad de dotar de un estatuto legal en base a la ley, a la unidad de Cartografía.
De igual modo, considera urgente la implementación de un proceso administrativo adecuado, para que la DNMC realice una inspección cartográfica para determinar la validez o no de las parcelas solapadas, y proceder a notificar por oficio al Tribunal de Jurisdicción Original.
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