martes, 22 de septiembre de 2015

La UE aprueba reparto de 120.000 refugiados pese al rechazo de cuatro países

BRUSELAS. Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy el reparto de 120.000 refugiados llegados a territorio comunitario, pese al voto en contra de Eslovaquia, República Checa, Hungría y Rumanía.
Aplazaron no obstante la distribución de 54.000 de esas personas a un segundo año de aplicación de la medida.
“Hubiéramos preferido una adopción por consenso, pero no ha sido posible. Algunos Estados miembros no han querido formar parte de esa amplia mayoría y han hecho constar otras opiniones legítimas, pero no tengo dudas de que implementarán la decisión”, afirmó el ministro de Inmigración y Asilo de Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, al término de la reunión.
Finlandia se abstuvo en la votación, que fue por mayoría cualificada, y tampoco votaron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que gozan de derechos de no participación en materia de Justicia e Interior.
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostuvo que la solidaridad de los Veintiocho “no es forzada” y que todo el mundo ha entendido que la UE debe estar “a la altura de las circunstancias”.
Explicó además que el rechazo de estos cuatro países no se debió a que tuvieran reservas de fondo a acoger refugiados, sino porque tenían dudas de que un mecanismo de reparto como el adoptada pudiera generar un efecto llamada y preferían actuar sobre las raíces del problema.
“Es verdad que lo más urgente y prioritario es acoger a esos refugiados, pero es verdad que también hay que procurar que no haya refugiados (...) y eso significa ir a la raíz del problema”, afirmó.
La distribución del total de 120.000 refugiados entre países se realizará en dos etapas: primero se trasladará a 66.000 personas desde Grecia e Italia al resto de Estados miembros, y en una segunda fase a las otras 54.000.
Este segundo grupo también procederá en principio de los centros de refugiados de Grecia e Italia, a menos que la situación en el terreno haya cambiado o un estado tenga una emergencia, en cuyo caso la Comisión Europea (CE) podrá presentar una propuesta para modificar esta decisión y proponer otros beneficiarios.
“En lo que confiamos es en que este acuerdo se pueda implementar lo antes posible. Lo deseable sería que desde mañana estuviésemos en condiciones todos los estados de implementarlo. Creo que la voluntad es esa”, dijo Fernández Díaz.
Para que la puesta en marcha del reparto pueda comenzar es condición sine qua non que Grecia e Italia tengan en funcionamiento los centros de registro y toma de huellas dactilares de los refugiados, con asistencia de equipos de expertos comunitarios.
El titular español de Interior destacó que España está lista para recibir a los demandantes de asilo.
España deberá acoger a 8.023 personas del total de 66.000 -1.896 de Italia y 6.127 de Grecia- que se reubicarán en el primer año de la aplicación de la medida.
El reparto entre países para el segundo año aún está por acordarse, pero Fernández Díaz reiteró que España está dispuesta a aceptar las cifra que le corresponda, que será de unas 6.565 personas, lo que elevaría el total a alrededor de 14.588, en la línea de lo que había propuesto la CE.
La cuota que corresponde a España es ahora unos centenares menor de lo que estaba previsto inicialmente porque Hungría ha pasado de ser país beneficiario del reparto a receptor de refugiados por voluntad propia, y por tanto entra en el reparto y le corresponden 1.294 personas.
Según fuentes comunitarias, Hungría no ha dado indicaciones de que vaya a negarse a aceptar esa cuota que le corresponde.
De hecho, el único país de los que votaron en contra que ha declarado abiertamente que no piensa implementar el sistema de cuotas ha sido Eslovaquia, a la que le corresponden 802 refugiados de los 66.000.
En cuanto a la posibilidad de no participar en el reparto a cambio de una compensación económica, una medida que rechazaban Alemania y Francia, los ministros finalmente acordaron sustituirla por un posible aplazamiento de doce meses del 30 % de su cuota, lo que en la práctica ampliaría todo el proceso de reubicación de ese país a tres años.

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