SAN JUAN, PUERTO RICO (EFE).- Los fondos públicos que reciben los partidos políticos de Puerto Rico serán eliminados el próximo año, anunció este martes el gobierno de la isla, junto a otras medidas para tratar de recortar el presupuesto del nuevo año fiscal en al menos 600 millones de dólares, debido a la crisis que vive el país caribeño.
A unos 40 días para que el próximo 1 de julio comience el nuevo año fiscal, los legisladores de Puerto Rico también estudiaron un nuevo plan de subida de impuestos, presentado por el Gobierno local, que no quiere presentar el presupuesto hasta que este incremento impositivo esté aprobado.
La nueva propuesta del gobernador, Alejandro García Padilla, establece un mecanismo para, en una primera etapa, elevar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y en una segunda transformarlo en un Impuesto de Valor Añadido (IVA).
Así, desde el 1 de julio y durante nueves meses, la tasa de la contribución sobre el consumo bajo el sistema actual (que no grava toda la cadena de valor, sino solo el precio final) sería del 10% a nivel estatal y del 1,5% a nivel municipal. Ello situaría el IVU en el 11,5%.
A partir del 1 de octubre de 2015 y hasta terminar el periodo de transición, los servicios prestados entre negocios y profesionales que hoy no tributan deberán pagar una tasa intermedia del 4%, si se aprueba esta propuesta.
Una vez culmine el periodo de transición, a partir del 1 de abril de 2016, entraría en vigor un IVA también del 11,5%, del que estarían excluidos los servicios de educación, servicios médicos, medicinas, alimentos, materia prima y rentas comerciales y residenciales.
Con la implantación del IVA se pretende gravar toda la cadena de valor de los productos y servicios, no solo cuando estos llegan al consumidor final, lo que debería ayudar a combatir la enorme evasión fiscal que sufre el sistema recaudatorio de la isla.
Además, se busca modificar la aplicación de la contribución alternativa mínima para las compras entre filiales y matrices, práctica conocida en inglés como "transfer pricing" y utilizada por las grandes cadenas de tiendas estadounidenses para evadir el pago de impuestos a nivel local.
El Gobierno busca que el Legislativo apruebe esta propuesta antes de presentar el presupuesto del próximo año fiscal, que ya ha anunciado que en cualquier caso incluirá recortes por un mínimo de 600 millones de dólares.
La semana pasada el Ejecutivo ya alcanzó un acuerdo sobre esta propuesta con los legisladores de su propio partido, ya que no todos habían apoyado su proyecto inicial, que suponía una revisión del sistema contributivo mucho más ambiciosa.
Sin embargo, cuatro de esos legisladores del partido gobernante mostraron hoy su oposición a este nuevo proyecto, al considerar que los términos en los que está redactado no se ajustan a lo pactado.
Ellos insisten en proponer un impuesto general a todas las importaciones, que se renegocien los términos de la deuda pública y que se suban los impuestos a las empresas extranjeras y grandes cadenas estadounidenses de supermercados.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, reclamó hoy a estos legisladores que apoyen la medida.
"Todos tenemos que movernos, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que es posible lograr para cerrar un presupuesto que no tenga una cantidad de cortes tan grande que afecte los servicios a la población que estamos llamados a defender", dijo.
El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) mantuvo hoy su rechazo frontal a la propuesta, por considerar que, en general, una subida de impuestos contraería el consumo y sería contraproducente para la economía de la isla, que atraviesa una recesión que se prolonga ya por casi una década.
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