El abogado Flavio Darío Espinal, que leyó el documento en representación de la República Dominicana, señaló que ante esa instancia internacional, que “la Comisión reitera puntos como si las posiciones fueran estáticas”.
Darío Espinal señaló que con la audiencia de este jueves será la séptima vez que se discute ante el organismo las posiciones del Estado dominicano y de grupos que denuncian apatridia y desnacionalización por parte del país.
El jurista reiteró a la CIDH las acciones que fueron llevadas a cabo para hacer frente a la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Explicó de manera extendida el alcance de la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización; a lo que sumó el alcance del Plan Nacional de Regularización que tuvo un alcance de 278 mil personas.
En tanto que la activista Ana María Belique denunció que “las actuaciones del Ministerio de Interior y Policía y la Junta Central Electoral impiden el acceso a la nacionalidad de hijos de haitianos”.
Manuel de Jesús Dandré sostuvo que “en la práctica el Estado no está devolviendo la nacionalidad a personas dominicanas de ascendencia haitiana. El Estado no ha dictado medidas para impedir que se produzca y se fortalezca la desnacionalización y apatridia”.
Por otro lado, Darío Espinal sostuvo que se está permitiendo que el debate sea dominado por grupos interesados que han polarizado el tema y que no buscan soluciones, mientras el Estado dominicano ha creado los mecanismos legales para que las personas afectadas por la sentencia 169-13 así como los extranjeros en condición de irregularidad pudieran regularizar su estatus.
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