La impugnación originó que el magistrado suspendiera el conocimiento del proceso y ordenara su envío al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, a los fines de que apodere al Pleno del alto tribunal del conocimiento del caso.
La recusación fue planteada por el procurador general adjunto, Carlos Castillo Díaz, quien consideró que en una de las resoluciones donde el juez Soto Sánchez declara su competencia para conocer la solicitud de levantamiento prejuzgó el fondo del proceso.
Inicialmente, el representante del Ministerio Público le solicitó al magistrado su inhibición del caso.
Soto Sánchez afirmó que el juez se inhibe si su parcialidad está comprometida, y que en su caso nunca ha compartido con Bautista ni su familia, al cual tampoco le une ningún parentesco.
También la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Laura Guerrero, consideró que el tribunal prejuzgó el proceso, al argumentar en una de sus resoluciones que las notas de advertencias es una medida cautelar.
Inicialmente, plantearon un conflicto de competencia porque está apoderado el magistrado Soto Sánchez, por un lado, de una petición de levantamiento, y una petición de que las notas de advertencias se conviertan en medida cautelar.
La incompetencia del magistrado fue planteada con el propósito de que las notas de advertencias colocadas ante la Jurisdicción Inmobiliaria sean convertidas en embargos, a los fines de que los bienes inmuebles no sean transferidos a terceros.
El Ministerio Público alegó que de esa instancia fue apoderado el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
El juez rechazó esa petición por considerar que el Ministerio Público por no aportó nuevas pruebas que demuestren que haya conflicto de competencia.
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