En una comunicación de prensa, el presidente de la JCE expone que el dictamen no hace más que despejar el camino y consagrar mediante sentencia, la aspiración y demanda de la sociedad civil y líderes políticos de la República Dominicana, durante muchos años, en que la oposición política reclamaba independencia y autonomía para el órgano electoral a fin de evitar que desde otros poderes del Estado se influyeran en las decisiones de la JCE y con ello afectar la buena administración de los procesos electorales.
"Una buena parte de esta lucha lo sintetiza la Ley No. 8-92, que quitó al Poder Ejecutivo la Administración del Negociado de la Cédula y el Registro Civil, y los puso bajo la dependencia de la Junta Central Electoral, así como la Ley Electoral No. 275-97, con las modificaciones introducidas en el artículo 6 de la misma, y la Ley No. 247-12 del 14 de agosto de 2012, Ley Orgánica de Administración Pública".
El conflicto entre la JCE y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) se generó por una solicitud que realizara esta última al organismo electoral, de remitir su escrito de defensa, así como el expediente administrativo de la licitación pública internacional JCE-CEL-LPI-2001, con la finalidad de conocer un recurso jerárquico incoado por la empresa Global ID Solutions (Caleum Dominicana, S.R.L.) contra la adjudicación del contrato de la licitación de referencia. Esta última concierne a la adquisición de equipos y materiales para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.
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