Dio un plazo de dos meses, a partir de ésta fecha, a los fines de que no exista ninguna máquina de tragamonedas dentro de su jurisdicción en condiciones de ilegalidad.
Las instrucciones fueron dadas en un comunicado por el Procurador General Domínguez Brito, dirigido a todos los miembros de la institución, donde le ordena que deben de ser confiscadas todas, con la única excepción de las que se encuentren en los casinos y bancas deportivas, en razón de que las mismas están reguladas por el Ministerio de Hacienda
Indicó que una vez incautados dichos aparatos deben ser remitidas al Ministerio de Hacienda para su destrucción, de acuerdo a un protocolo que le será remitido al efecto.
El Procurador General precisó que previo a la remisión de las indicadas máquinas tragamonedas a esa institución, las Fiscalías deberán levantar un acta de comprobación, conteniendo la suma de dinero en monedas existentes y proceder a depositar las mismas en la cuenta oficial de la Procuraduría General de la República a los fines de su posterior remisión al Ministerio de Hacienda.
En ese sentido, señaló que el procurador general adjunto Rodolfo Espiñeira será el punto de contacto para todas las operaciones referentes a la forma de destrucción de dichos aparatos.
La comunicación fue dirigida a los procuradores generales adjuntos, procuradores generales de cortes y a los procuradores fiscales de los diferentes departamentos judiciales del país.
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