El presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, emitió el Auto No.84-2014, designando a Moscoso Segarra como juez de la Instrucción Especial para el proceso.
Consideró que el caso trata de una solicitud de designación de juez de la Instrucción Especial, para que proceda a conocer la admisibilidad de la acusación y solicitud de apertura a juicio.
Domínguez Brito pide acoger la totalidad de la acusación formulada en contra del legislador, así como contra Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Los cargos instrumentados en contra del secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son por supuesto atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública, falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público.
Los demás imputados tienen la calificación jurídica de alegada complicidad en los hechos.
El Procurador solicita que se imponga como la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de los imputados.
La recusación
El Pleno de la SCJ ordenó mantener al magistrado Frank Soto Sánchez el apoderamiento para continuar conociendo de la solicitud de desbloqueo de una serie de bienes inmuebles de la sociedad Inmobiliaria Rofi, de la cual Bautista es uno de sus principales accionistas.
El tribunal rechazó la recusación hecha por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), a la que se adhirieron los abogados Remberto Pichardo Juan; la ex fiscal del Distrito Nacional, Josefina Juan viuda Pichardo, Rafael Pércival Peña, Juan Tomás Taveras Rodríguez, Alexander Rosario, Melvin Velásquez Then y Hermes Urbáez.
La Procuraduría interpuso notas de advertencias en contra de más de 155 bienes inmuebles que asegura correspondientes a la sociedad Inmobiliaria Rofi S.R.L., y otras empresas supuestamente relacionadas con el legislador.
Bautista rechaza las acusaciones del Ministerio Público, las que atribuye a una persecución política.
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