SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El coordinador de Participación Ciudadana (PC), Cándido Mercedes, calificó como ilegal e ilegitimo el aumento del salario que dispusieron los jueces de los Tribunales Constitucionales (TC) y del Superior Electoral (TSE).
A través de un comunicado de prensa, Mercedes reiteró la necesidad de que el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del empleo público de la administración del Estado, y el órgano responsable de la actualización y administración del Sistema Remunerativo, controle estas decisiones violatorias de la Ley número 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Mercedes recordó que la Constitución de la República en su artículo 140 establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.
“La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”, citó.
Reiteró además que el artículo 11 de la ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que la escala salarial de los demás funcionarios de alto nivel incluyendo a los jefes, subjefes e inspectores generales de los estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de los organismos autónomos y descentralizados, instituidos por leyes y demás funcionarios de sus dependencias jerárquicas, serán establecidos por reglamento que al efecto dicte el presidente de la República a propuesta del Ministerio de Administración Pública.
Sin embargo, destacó que el reglamento que a la fecha no se ha promulgado, no obstante estar en manos del Poder Ejecutivo desde hace algún tiempo.
“El aumento de los 13 jueces de los TC y los cinco del TSE, es ilegítima e ilegal y un precedente nefasto que contribuye con la distorsión salarial en el sector público”, reiteró.
El coordinador de PC demandó al presidente Danilo Medina que proceda con la promulgación de las políticas y reglamentos pendientes para regular el salario en la administración pública y de esa forma “hacer lo que nuca se ha hecho” y que el Ministro de Administración Pública pueda proceder con la inmediata aplicación de los mismos.
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