El Congreso de EE.UU. dio hoy "un primer paso" para atajar la crisis financiera que vive Puerto Rico al presentar en la Cámara Baja un nuevo proyecto de ley negociado tanto por demócratas como por republicanos, que plantea una salida a la reestructuración de la deuda de la isla.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja presentó un nuevo borrador como medida para tratar de solucionar la crisis fiscal que sufre la isla, asfixiada por una deuda de 72.000 millones de dólares y sin liquidez suficiente para atenderla y al mismo tiempo mantener la prestación de servicios públicos básicos para la población.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, respaldó hoy el texto legislativo y anunció que su bancada apoyará la propuesta, después de varias semanas de intensas negociaciones con la mayoría republicana.
"Tras largas negociaciones bipartidistas, creemos que hemos logrado un proceso de reestructuración (de la deuda) que puede funcionar", dijo Pelosi en un comunicado.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ha impulsado estas negociaciones desde que asumiera su cargo a finales del año pasado, pero se enfrenta a algunos opositores dentro de su bancada, que temen que la ayuda a Puerto Rico pueda terminar recayendo sobre los hombros de los contribuyentes estadounidenses.
Ryan ha tratado de esquivar dichas acusaciones, reiterando que el texto propuesto por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja no utilizará ni un dólar de los impuestos recaudados por el Gobierno Federal para asistir a Puerto Rico.
El borrador actualizado del texto, conocido como Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), establece la creación de una junta de control fiscal con poder punitivo establecida en Washington que supervise la manera en la que el territorio maneja su crisis de deuda.
El apoyo de Pelosi indica que los demócratas apoyarán el texto para ayudar a Ryan a obtener los votos necesarios para aprobar la ley, a expensas de que algunos conservadores se opongan a la medida, en una votación que se espera tenga lugar la próxima semana.
La líder de la minoría demócrata aplaudió además que los republicanos eliminaran una polémica disposición sobre la transferencia de terrenos de la isla de Vieques (utilizada durante décadas por el Ejército estadounidense) y que la reducción del salario mínimo incluida en el texto actual sea "menos dañina que la propuesta originalmente".
"Aunque hubiéramos preferido que el proyecto de ley no incluyera disposiciones sobre el salario mínimo y horas extras que dañan a las familias trabajadoras, estas disposiciones son menos dañinas que las que se propusieron originalmente", dijo la legisladora por California.
Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de PROMESA y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.
La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del Gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, describió hoy el acuerdo en su rueda de prensa diaria como un "primer paso importante" para poner solución a la situación que vive la isla, y consideró que se trata de un "proceso justo para reestructurar su deuda".
Earnest insistió en la urgencia de ayudar a los 3,5 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico, aunque advirtió que la Casa Blanca considera que son necesarias "medidas adicionales" a las establecidas en la ley.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Jack Lew, también alabó el esfuerzo para llegar a un compromiso legislativo que sea útil para los puertorriqueños, aunque no ocultó sus objeciones con el texto.
"Estamos decepcionados porque el proyecto de ley no incluye nuestras propuestas para promover el crecimiento económico y proporcionar una solución a largo plazo sobre (los seguros de salud) Medicaid", dijo Lew.
"Además, sigue habiendo disposiciones ajenas en el proyecto de ley, tales como las relativas a las normas laborales, que no ayudarán a la crisis (...). Sin embargo, el proyecto de ley representa un compromiso bipartidista justo, pero duro", subrayó el titular del Tesoro.
En esa misma dirección se expresó el demócrata de más alto rango del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, quien dijo ser consciente "de que una junta de supervisión no será nunca la primera opción de muchos en Puerto Rico".
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