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El decreto dispone la incorporación de la enseñanza de la Constitución en los niveles primario y secundario.
Tendrá como objetivo la reflexión sobre los principios y valores fundamentales en los cuales se cimenta la República. Del mismo modo, el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales.
El propósito es forjar ciudadanos más responsables y comprometidos con su patria y la sociedad.
El decreto instruye al Ministerio de Educación (Minerd) ejecutar las acciones requeridas, a nivel curricular. Indica que lo haga a través del Consejo Nacional de Educación.
Establece que el Minerd tendrá a su cargo la coordinación, formulación e implementación de las estrategias.
Asimismo, las líneas de acción indispensables para generar las adecuaciones técnicas y organizativas.
Además, definir los términos de los acuerdos que deban firmarse para promover alianzas con otros poderes del Estado. Igualmente, con dependencias públicas y organizaciones de la sociedad civil.
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