SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, impuso un año de prisión preventiva en contra del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, a quien la Fiscalía implica en una red de sicariato a la que se le atribuye el asesinato de varios transportistas y lavado de activos.
Por el caso también el magistrado dictó igual medida de coerción en contra de Danilo Octavio Reynoso Recio (a) Danilo El Prieto, quien al igual que Quevedo fue enviado a la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Higüey.
La petición de medida de coerción fue solicitada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien acudió al tribunal a sustentar su planteamiento y quien, a su salida, calificó como pertinente la decisión por la gravedad del proceso.
El magistrado también acogió la petición y aplicó al expediente las normas complejas establecidas en el Código Procesal Penal, que consiste en extender el plazo de las investigaciones.
“Quevedo planificó varias ejecuciones que materializaba a través del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís (alias Ney), contra quien se impuso medida de coerción”, explicó la Fiscalía.
A su vez, la Fiscalía explica que Quevedo “era el cerebro y financiaba esa red, en el entendido de que se beneficiaba de las muertes, mientras que Ericson de los Santos era el encargado de supervisar el comando a cargo de ejecutar las acciones, cometer los asesinatos, intentos de secuestro, entre otras conductas típicas del crimen organizado”.
Las ejecuciones consistían en el asesinato de varios chóferes y dirigentes de Fenatrapego, lo que llevó a Ericson de los Santos a planear, con los sicarios asalariados de Unatrafin, los sargentos de la policía Amaury Cabrera (contra quien se impuso medida de coerción), Félix Lora de Jesús (prófugo) y Danilo Octavio Reynoso, los asesinatos de los transportistas afiliados a Fenatrapego Y Fenatrano, “y así, a punta de bala y sangre poner fin a los conflictos que se venían sucediendo”.
Quevedo encargó al comando armado asesinar a los chóferes, miembros de Fenatrapego, que en fecha 14 de enero del presente año, se encontraban en la intersección de la Duarte con Paris (Distrito Nacional).
En este “hecho sangriento” asesinaron a Mateo Nieves de Jesús, e hirieron a Ramón Antonio Peña Beltré y Manuel Emilio Romero.
La acción criminal detallada fue ejecutada por Erinson de los Santos, Amaury Cabrera y Félix Lora (prófugo), por encargo de Arsenio Quevedo.
Posteriormente, Quevedo ordenó la ejecución de un nuevo plan de asesinato que fue materializado el 17 de enero del mismo año, en la calle Juana Saltitopa, Mejoramiento Social (Distrito Nacional), lugar donde está situada la parada de guagua El Toro.
“Nuevamente el comando armado, dirigido por Erinson de los Santos, asesinó a las víctimas Overnys Guerrero y Ángel Javier”, detalla la información suministrada por la fiscalía.
En este hecho participó Danilo Octavio Reynoso, imputado en la presente solicitud, Amaury Cabrera y Félix Lora de Jesús.
En ambos hechos el imputado Arsenio Quevedo mantuvo comunicación vía telefónica con Ericson de los Santos, quien le informaba cuando habían sido ejecutados las órdenes.
En el allanamiento realizado a Unatrafin se encontró un documento de nómina, donde figuran incluidos “los sicarios asalariados Amaurys Cabrera y Danilo Reynoso Recio”.
Además, producto de las investigaciones del Ministerio Público, se determinó que el imputado Arsenio Quevedo estaba asumiendo parte del pago de los abogados del imputado Ericson de los Santos.
El Ministerio Público calificó los hechos en contra de Arsenio Quevedo y Danilo Octavio Reynoso Recio, dentro de los tipos penales descritos en varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y coautoría de asesinato.
Además y con relación a Arsenio Quevedo violó la ley que tipifica el lavado de activos procedente del tráfico de combustible y la extorsión.
Por otro lado, se determinó que Quevedo recibía del Estado un subsidio de 520,000 galones de combustibles al mes, los cuales utilizaba “para estafar al Estado y lavar activos provenientes de esta actividad”.
De conformidad con la investigación, “más del 68 por ciento de este combustible no llegaba a los conductores, sino que era vendido por el imputado a través de una red de tráfico de combustible de la que es parte el imputado Ericson de los Santos “, según revela la instancia.
La solicitud de medida de coerción es realizada por la procuradora fiscal titular, Yeni Berenice Reynoso, y los fiscales Isidro Vásquez y Johann Newton López.
Se espera que en las próximas horas la Oficina de Atención Permanente conozca la medida en contra de los imputados. EFE
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