La ejecución del arresto de Reina Margarita Núñez originó un incidente entre el director de la Procuraduría Antilavado, Germán Miranda Villalona, y el abogado de la imputada, Cándido Simón Polanco, quien se oponía a su detención.
La acción se produjo cuando Núñez compareció por ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se ventilaba una amparo preventivo en contra del Ministerio Público.
El juez acogió la acción, observando que no debía ser detenida a menos que existiera una orden de un tribunal.
Sin embargo, Miranda Villalona mostró el auto No.129-junio-2015, mediante la cual el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas autorizó el arresto de la imputada y su esposo Ramón Benito Ramírez Cabrera.
Argumenta que la Procuraduría tiene una investigación abierta por el ilícito de presunta estafa en contra del Estado y de lavado de activos, motivada en una denuncia presentada por el Ministerio de Educación, de que bajo la falsa calidad de propietarios de la parcela 61-A-REF del Distrito Catastral No.4, con una extensión de 15,000 metros cuadrados celebraron un contrato de compra venta del inmueble, por valor de RD$55 millones.
En razón de la venta, dice que lograron que Educación le entregara como parte del pago la suma de RD$47,452,500, el 11 de febrero del 2014.
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