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Dentro de los cambios se encuentra el cambio de nombre a Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el aumento de la pena mínima de cinco a 10 años y la máximas a 40, pudiendo ser condenada cualquier persona, aunque el acto terrorista no se haya llevado a cabo.
Se dispone asimismo sanciones desde 400 salarios mínimos y el decomiso de los bienes.
Respecto a los funcionarios públicos, en cualquier escala, se aplicarán sanciones desde cinco años de prisión a multas de hasta 200 salarios mínimos.
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