
Mario Suriel, Manuel Romer Castaños y Altagracia Ramírez, viuda González, sostienen que el ministerio público tiene que acoger la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó al Estado dominicano como responsable de la desaparición de Narciso González.
Sostienen que la justicia dominicana ha engavetado el caso Narcisazo, existiendo elementos suficientes para procesar a los mencionados en la querella con constitución en parte civil.
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