Siete servidores públicos regionales fueron amonestados, y cuatro suspendidos de sus cargos por haber dado mal manejo a sus funciones, durante el acto de graduación del Plan Nacional de Alfabetización en el Distrito Nacional, el pasado 16 de abril. Durante la actividad, periodistas entrevistaron a graduandos que afirmaron no saber de qué se trataba el acto.
Una Comisión designada por la Junta Nacional de Alfabetización, para investigar las razones por las que personas ajenas al programa asistieron a la graduación, dio a conocer un informe en el que se acogieron recomendaciones y detalló las medidas correctivas a tomar para evitar que se repitan casos similares.
La reunión estuvo encabezada por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, quien leyó la declaración pública, en la que se expresó la amonestación por escrito, por haber incurrido en faltas de primer grado de Eunice Rosario y Patria Martinó.
Asimismo, Germania Roa, María Esperanza Jiménez, Ingrid Escarlet Domínguez, Paulina Reyes y Argentina Gutiérrez, reciben amonestación por escrito y puesta en estatus condicional por cometer faltas de segundo grado.
Mientras que los coordinadores Iris Romero, Víctor Rodríguez, Carolin Carrasco y Manuel Mata, fueron destituidos por considerar de tercer grado las faltas cometidas.
Montalvo destacó que la investigación comprobó que no “hubo evidencias de manipulación política, aunque sí de fallas organizativas que no debieron ocurrir y que no deben repetirse”.
Entre otras particularidades en el informe se recomendó la prohibición de la realización de actos masivos de entrega de reconocimientos durante las campañas electorales y en la proximidad de cualquier otro evento de relevancia política nacional, provincial o local.
También sugiere al presidente de la República la modificación del decreto de creación del Plan Nacional de Alfabetización para ampliar la conformación del Equipo Técnico del Plan Nacional de Alfabetización.
También se decidió la amonestación por escrito de dos funcionarios por haber incurrido en faltas de primer grado, la amonestación por escrito y puesta en estatus condicional a cinco funcionarios por haber incurrido en faltas de segundo grado, y la destitución de cuatro funcionarios por haber incurrido en faltas de tercer grado. No se ofrecieron los nombres de estos funcionarios.
La Comisión estuvo compuesta por Elena Viyella, empresaria y Presidenta de EDUCA; José Ramón Holguín, representante del sector académico y Monseñor Lorenzo Vargas, del sector religioso.
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