Juez impone garantía económica de RD$5 millones a Bernardo Castellanos del caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso ayer una garantía económica de RD$5 millones, mediante una compañía aseguradora, a Bernardo Castellanos de Moya, señalado por el Ministerio Público como una de las 14 personas a las que sobornó la empresa Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.
Además, el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, impuso al acusado impedimento de salida sin permiso del Ministerio Público o de un juez y presentación periódica.
Castellanos de Moya deberá comparecer el primer lunes de cada mes por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a firmar.
Esta medida fue impuesta por un tiempo de ocho meses, y se ratificó la declaratoria de complejo del caso.
Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), es señalado como la persona que recibió, junto al exadministrador de la Corporación de Empresas Estatales (CDEE), César Sánchez, y el exadministrador de la Egehid, Máximo D’Oleo, sobornos del empresario Ángel Rondón para que a Odebrecht se le adjudicara la construcción de la hidroeléctrica de Pinalito.
“En las declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, el testigo señala claramente que su conexión en la República a los fines de la hidroeléctrica Pinalito, esas conexiones él la señala de la manera siguiente; ‘en el caso de la hidroeléctrica Pinalito, en el 2003 hubo gestiones de Ángel en la identificación y concretización de la contratación de la sociedad y el apoyo a la concesión y financiamiento. La relación de Ángel en este caso fue mantenida con la CDEE en la persona de César Sánchez, que era vicepresidente ejecutivo de esa empresa. Ángel también mantenía contactos muy cercanos con el director ejecutivo D’ Oleo y con el técnico Bernardo Castellanos, ambos de Egehid”, dijo el Ministerio Público al juez.
A la solicitud de medida de coerción contra Castellanos de Moya fue anexado el interrogatorio realizado al también exadministrador de la Egehid, Rafael Suero Milano, quien testifica que cuando asumió esa posición, una persona identificada como Héctor De Abreu Acevedo, presunto enlace para los pagos de sobornos a técnicos, le ofreció US$80 millones, los cuales rechazó. El Ministerio Público dijo que el procesado representa peligro de fuga, toda vez que pudieron comprobar que este huyó del país el 17 de mayo con destino a Panamá y luego a Guatemala, pues tenía conocimiento del proceso que llevaba el órgano persecutor en su contra.
Dijo que los organismos de seguridad del Ministerio Público y la Suprema Corte investigan a un oficial, aun no se sabe si es militar o policía, que trabajaba en la seguridad de una de las magistradas a cargo de la investigación del caso Odebrecht, que vive en el mismo residencial que Bernardo Castellanos, y este presuntamente le habría informado al respecto.
Este argumento fue objetado por la defensa del procesado, pero una fuente del Poder Judicial confirmó que hay una persona bajo investigación por este aspecto.
La defensa de Bernardo Castellanos solicitó al juez excluir la calificación de soborno y violación a la ley de declaración jurada de bienes, en el entendido que la ley que regula el soborno fue promulgada en el año 2006 y las imputaciones que se le hacen al procesado son previas a esa fecha, por lo que entiende que se viola el principio de la no retroactividad de la ley.
En tanto que en lo relativo a la no declaración de patrimonio, dijo que la misma no se aplica a Castellanos, debido a que era un “simple técnico” y no un funcionario.
El juez rechazó el incidente planteado por la defensa de Castellanos.